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Telde.- La alcaldesa de Telde, Mari Carmen Castellano, anunció este jueves la disposición de su Gobierno a formar un “frente común” con Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna en contra del proyecto de ley promovido por el Ejecutivo para reformar la Ley de Vivienda con el fin de librarse de tener pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de las viviendas sociales de su propiedad localizadas en los municipios
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En el trámite del proyecto de ley de vivienda, CC y PSOE han introducido una enmienda, por la cual los ayuntamientos en cuyos términos municipales se programe la construcción de viviendas protegidas de promoción pública de titularidad de la Comunidad Autónoma, contribuirán a su construcción, con una cantidad equivalente al importe del Impuesto de Bienes Inmuebles, mientras estas sean de titularidad pública.
La primera regidora local y el coordinador general de Economía y Hacienda, Darío López, mostraron el rechazo del Gobierno que preside a esta iniciativa legislativa de la Comunidad Autónoma al considerar que supone un “atropello” a la autonomía municipal al cargar como gasto a los ayuntamientos una obligación del Ejecutivo regional como el pago del IBI de los inmuebles sociales de titularidad pública.
Castellano anunció que ya hay contactos con el Consistorio capitalino , también gobernado por el PP, para integrar una oposición conjunta a esta medida, un “frente” que dejó abierto a la participación de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, regidos por alcaldes de Coalición Canaria, partido que integra con el PSOE el Gobierno canario por lo que su concurso podría ser más difícil.
López cifró en 10 millones de euros la cantidad que adeuda la Comunidad Autónoma a Telde por los recibos impagados del IBI las viviendas sociales radicadas en el municipio que continúan siendo de titularidad pública. A su juicio, el objetivo de la reforma legislativa promovida desde el Gobierno canario es “no seguir engordando a partir de ahora esa deuda”, que Telde ha logrado aminorar en los últimos tiempos en sólo 200.000 euros por embargos.
Para el PP, la iniciativa legistativa de CC y PSOE es una "desfachatez"
El Partido Popular, por boca de su diputado Felipe Afonso, se ha manifestado igualmente en contra este proyecto de ley. En un comunicado, ha asegurado que es "una desfachatez" de CC y PSOE aumentar la imposición por adquisición de vivienda, hacer trampa para saltarse la ley y no pagar los impuestos.
Según el diputado del PP, el Ejecutivo pretende obligar por ley a los ayuntamientos a mantener las viviendas patrimonio de la administración autonómica. "El Gobierno de Rivero y Pérez piensa que tener la competencia exclusiva en materia de vivienda es solo para cortar una cinta e inaugurar", ha manifestado.
Afonso ha subrayado que, según esta enmienda, los ayuntamientos en cuyos términos municipales existan viviendas de protección oficial de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el pretexto de contribuir "al mantenimiento y rehabilitación de las mismas", deberán pagar una cantidad equivalente al importe del IBI.
Para el PP, en la práctica esto supone que el Gobierno quiere librarse de pagar el IBI de estas viviendas protegidas, como es su obligación, burlando la legislación de Haciendas locales y las competencias de la Administración local, y que sean los ayuntamientos los que paguen.
"Ese es el ejemplo que Rivero y su Gobierno dan a los ciudadanos, un fraude de ley en toda regla, una chapuza para eximirse de pagar el mismo impuesto que todos los propietarios de una casa han de pagar puntualmente", ha aseverado.
Para Afonso, "lo más vergonzoso es que se aproveche el trámite de enmiendas de una ley de vivienda, que han vendido como la panacea, para colar por la puerta de atrás este auténtico menosprecio a la autonomía de los ayuntamientos, que en plena crisis se verán todavía más asfixiados para pagar el IBI de miles de viviendas de protección oficial".
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